El magisterio se moviliza por salud digna
Por: Estefanía Fonseca Mahecha
Directora del Departamento de la Mujer,
Derechos Humanos y solidaridad de
la CUT - Bogotá Cundinamarca
Colectivo La Roja
Una nueva jornada de paro sacudió las calles de Colombia, ésta vez a cargo del Magisterio. La pregunta de ley es nuevamente ¿por qué protestan los y las maestras? Y tal vez la respuesta puede parecer un poco reduccionista, los y las docentes protestan por inconformismo, sí, inconformismo con un sistema de salud que se enmarca en un régimen “especial”, que de especial solo tiene el nombre. Salud Digna fue una de las consignas representativas durante las movilizaciones y plantones del pasado 30 de agosto; ¿pero qué elementos hacen que el sistema de salud de los profes no funcione? Para responder esta pregunta es pertinente revisar algunos aspectos del contrato actual del servicio de salud.
El régimen especial de salud del Magisterio está exceptuado de la Ley 100 y los recursos son administrados por el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG). La prestación del servicio médico se realiza a través de la contratación de entidades de salud para cada una de las 9 regiones, de acuerdo a la reglamentación planteada en el proceso de licitación. Dentro de las ventajas básicas del modelo están el no pago de cuotas moderadoras o copagos para docentes y beneficiarios, la atención y tratamiento de cualquier patología sin restricción, sin preexistencias y sin periodos mínimos de cotización.
Hasta acá todo suena color de rosa, pero la realidad de la prestación del servicio de salud es otra, un poco más cruda. Pongamos de ejemplo a Bogotá, que aglutina un número aproximado de 35.000 docentes más sus beneficiarios, el prestador es la UT SERVISALUD, quien cuenta con 4 sedes de atención propia y 7 sedes en subcontratación con SERVIMED. El viacrucis inicia con la solicitud de citas médicas de atención prioritaria como medicina general, pediatría, odontología, medicina familiar, entre otras, que hacen parte del paquete básico de atención y que, de acuerdo con el contrato de prestación, no deben ser asignadas en un tiempo de atención mayor a 3 días. Sin embargo, la frase representativa del prestador es “no hay agenda”, pese a que en el contrato no se establece el uso de agenda para la asignación de citas, sino que debe existir disponibilidad del servicio.
Evidentemente, acá se presenta una vulneración al principio de oportunidad y accesibilidad, ya que se origina una barrera en la atención, produciendo más demoras e incumplimiento con lo planteado en la contratación. Ahora, si esto sucede en la solicitud de citas básicas, ¿qué se puede esperar en la atención de especialistas, teniendo en cuenta que el prestador no contrata el número suficiente de profesionales para brindar la atención y tratamiento oportuno? Este es el caso de oncología, en donde solo se tienen contratados 2 especialistas para atender todos los pacientes con diagnóstico oncológico en Bogotá, lo que representa una vulneración total al principio de suficiencia y oportunidad, ¿cómo puede entonces un paciente solicitar una segunda opinión o escoger el especialista de su conveniencia, cuando solo se contratan dos profesionales y los tiempos de atención superan por más del doble lo establecido en el contrato?
Revisemos el tema de dispensación de medicamentos que suele ser una queja frecuente, ya que se presenta una demora constante en la entrega de medicamentos que impiden el tratamiento adecuado de los y las pacientes. En el caso de medicamentos de alto costo la no entrega de estos medicamentos es continua, aludiendo a que estos ya no son fabricados en los laboratorios farmacéuticos, por lo que deben ser reemplazados por otros, es decir, se cambia el tratamiento médico. Lo irónico es que, en varias ocasiones, estos mismos medicamentos se encuentran disponibles en diferentes droguerías comerciales. Termina siendo más fácil comprar los medicamentos por cuenta propia que esperar a que el prestador haga entrega de éstos, pues el proceso es desgastante, engorroso y omite la inmediatez de obtener los medicamentos para dar inicio o continuidad a los tratamientos médicos.
El dilema de las autorizaciones es otro mal que acarrea nuestro servicio médico, pues no es suficiente con que el médico o especialista contratado por el prestador de salud genere una orden médica para alguna especialidad, examen o procedimiento, ya que esta debe ser radicada para su autorización. El primer problema se presenta con el tiempo, ya que se debe esperar entre 3 a 5 días hábiles para generar dicha autorización, lo que retrasa aún más los tiempos de atención. Además, esta autorización está sujeta a verificación por un auditor médico, segundo problema, quien finalmente determina si es viable generar o no la autorización, desestimando totalmente el criterio médico. A esto se le suma un tercer inconveniente y es que una vez obtenida la autorización, se debe solicitar la cita al prestador asignado, que en la mayoría de los casos es externo al contratista y en muchas ocasiones la disponibilidad de citas es escaza, es decir, todo se reduce a “no nos llame, nosotros lo llamamos”.
Por último, y si digo último no es porque ahí cesen los problemas con el prestador de salud, sino con ánimos de darle trámite a esta corta aproximación a las dificultades de atención en salud del Magisterio. Es pertinente mencionar y recalcar que aunque la Ley 1562 del 2012 establece el Sistema General de Riesgos Laborales para los y las trabajadoras, los docentes no cuentan actualmente con una ARL, sino que las funciones y obligaciones de ésta son reemplazadas con programas de medicina laboral y salud ocupacional que no son suficientes y no alcanzan los objetivos de prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que pueden darse en el marco del ejercicio profesional.
Entonces, ¿por qué paramos las y los maestros?, sí, por inconformismo. No es posible tener que estar peleando y mendigando por un servicio de salud digno, que tengamos que estar a merced de unos “mercenarios de la salud” cuyo único interés sea el económico, el beneficio propio a costa de la mercantilización de la salud, pues para nadie es un secreto que los focos de corrupción que han erosionado en la contratación de las diferentes regiones representan un riesgo inminente para el régimen especial de salud del magisterio.
Nos merecemos un servicio de salud en donde no haya dilaciones para la prestación de los servicios médicos, en donde podamos acceder de forma oportuna y eficiente a los diferentes programas y especialidades requeridas, pero sobre todo, nos merecemos un servicio con calidez humana, que dé cuenta de lo que simboliza el acceso al derecho a la salud, a la vida, por encima de un negocio lucrativo. La licitación para el actual contrato está por encima de los 13 billones de pesos para el próximo contrato de salud que deberá suscribirse el próximo 27 de octubre. SALUD DIGNA es lo que pedimos los más de 938.323 afiliados al Sistema de salud del Magisterio.