Precariedad, privatización y censura: Algunas razones para la movilización del magisterio
Por: Oscar Ruiz Manquillo
Secretario de Organización y formación sindical
Subdirectiva Soacha Asociación de Educadores de Cundinamarca ADEC
Después de muchos meses los maestros y maestras en cabeza de Fecode volvieron a las calles, la tradición de lucha y movilización masiva del sindicato más grande del país irrumpió por no pocos motivos. Aunque el aspecto central se sitúo en la denuncia por la pésima prestación del servicio de salud, la convocatoria señalaba proyectos de la agenda neoliberal de un sector del Congreso de la República, los cuales atacan la educación pública estatal y el derecho a la protesta del magisterio. Así mismo, se ha planteado la necesidad de exigir celeridad por parte del gobierno nacional en el cumplimiento de los acuerdos firmados en la negociación colectiva.
En relación al tema de salud, es reiterativo el malestar por las condiciones en las que se presta el servicio por parte de los operadores. Si bien, el magisterio goza de un régimen especial, el retraso en la atención de especialistas, la demora tanto en procedimientos como en entrega de medicamentos, la escasa red de convenios para la atención y realización de procedimientos, ha generado múltiples paros regionales, situación que se ha venido presentando también con Servisalud Qcl, la encargada de atender la región Bogotá-Cundinamarca, entre otras. La contratación del servicio se hace a través de oferta pública por parte de la Fiduprevisora, entidad del Estado que tiene por norma esta responsabilidad. El año 2023, es particularmente importante en este debate ya que se hará contratación de otros operadores con un pliego nuevo de condiciones, el cual tiene elementos más garantistas para los usuarios, no obstante, el proceso ha tenido dilaciones, situación que extiende el sufrimiento de los maestros y maestras con un servicio cada vez más precario.
El otro aspecto tiene que ver con dos proyectos de ley promovidos por el partido Centro Democrático, conocido enemigo de la educación pública y del magisterio colombiano. El primero de ellos es el proyecto 192 de 2022 Senado, su articulado busca crear unos bonos escolares, su autora es Paloma Valencia. Dichos bonos están pensados como una herramienta que financia el Estado y es entregado a familias focalizadas de bajos recursos para que con este se pague la educación de los estudiantes en cualquier institución privada que se escoja y haga parte de la iniciativa. El proyecto es claramente una afrenta a la educación pública. Por un lado, las mediciones de calidad educativa (en las cuales se sustenta el proyecto) basadas en datos de pruebas estandarizadas como suele hacerse, desconocen los contextos en los cuales se encuentra el sistema educativo público colombiano que dista bastante del sector privado, incluso el de garaje. La población, las problemáticas que en los entornos se dan, el abandono estatal, la falta de inversión, la poca o nula oferta cultural o complementaria, son algunos de estos aspectos.
Dicha propuesta de bonos busca imponer la financiación a la demanda y no fortalecer la oferta educativa, es decir, prefiere financiar educación “distinta” a algunos niños y jóvenes, que invertir y resolver problemas estructurales de la educación pública que se derivan de su desfinanciación, aspecto central que ha denunciado el magisterio, pues tener escuelas dotadas con infraestructuras dignas, aporta a la consecución de mejor calidad educativa para generaciones enteras de niños.
Igualmente, está radicado un proyecto de ley liderado por la senadora María Fernanda Cabal que busca prohibir la huelga en el sector educativo, aunque su justificación se vende como la loable labor de defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes, valdría la pena preguntar ¿Qué es lo que están pensando hacer con la educación pública que quieren prohibir la huelga de maestros? Es un hecho que las clases dominantes han pretendido hacer de la educación pública y los derechos laborales del magisterio un festín, pero la oposición y movilización de Fecode les ha obstaculizado las intenciones de mercantilizar y marchitar más el sector, por eso no extraña la pretensión de Cabal, seguir las indicaciones de la banca multilateral, romperle el lomo a Fecode,
Para finalizar, se ha hecho un llamado al gobierno nacional a agilizar el cumplimiento de acuerdos firmados en la vigencia 2023. El Estado colombiano tiene una deuda histórica con el sector de la educación pública y el magisterio que debe ir saldándose como promesa de cambio. Para ello, es importante reformar la constitución y los aportes al Sistema General de Participaciones, pues como se ha dicho, la financiación es la piedra angular que permitiría así avanzar en discusiones de jornada única, relaciones técnicas estudiantes/maestro, PAE de calidad, entre otros. También es relevante avanzar en la dignificación de la labor docente con opciones reales de formación, ascenso y bienestar, todo lo cual ha estado bloqueado en los últimos años.
En definitiva, el magisterio colombiano tiene agenda, tiene propuesta y tiene movilización, en tal sentido, no escatimará esfuerzos en el marco de la imprescindible autonomía sindical para aprovechar el contexto político y avanzar en las reivindicaciones históricas más sentidas que requiere el sistema educativo colombiano, pero también estará atento, como siempre lo ha hecho a defender la educación ´publica del apetito neoliberal y de las propuestas neofascitas que atentan contra las libertades del magisterio. Que se notifiquen.